La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó formalmente ante una Corte Federal en Arizona su solicitud para acompañar una demanda contra la Ley SB1070 al informar que el gobierno mexicano se sumó formalmente bajo la figura de Amicus Curiae “Amigo de la Corte” a la causa denominada “Frendly House, et al. Vs Michael B. Whiting, et al”.
Bajo tal figura, el gobierno de México apoya la demanda entablada por un grupo de organizaciones civiles, incluyendo el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa (Mexican American Legal Defense and Educational Fund: MALDEF), el Centro Nacional de Derecho Migratorio (National Immigration Law Center: NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union: ACLU) para impugnar esa ley.
A través del escrito, México podrá dotar de información al juez de la causa con el propósito de enriquecer su criterio.
En su demanda, México solicitó a la Corte Federal se declare la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y se impida su entrada en vigor, ya que "es fundamental e imperativo que a sus ciudadanos se les reconozcan sus derechos humanos y civiles cuando se encuentren presentes en Arizona o en cualquier otra entidad de Estados Unidos".
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) demandó al Congreso de la Unión crear un fondo para apoyar a los mexicanos repatriados y condenó los ataques a connacionales en Estados Unidos a través de la ley SB 1070 aprobada por el gobierno de Arizona en abril pasado.
El mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, dijo que la deportación de connacionales y extranjeros por parte de autoridades migratorias estadounidenses, algunos en malas condiciones físicas y económicas, es un tema urgente y delicado para las ciudades fronterizas de México.
"Es un tema que tiende a agravarse, por el endurecimiento de los controles de seguridad en la frontera y por la carencia en México, por décadas, de un programa de atención integral que facilite a los repatriados el regreso seguros a sus hogares en las mejores condiciones", indicó.
Al proponer un punto de acuerdo que fue aprobado por los gobernadores, Hernández Flores consideró necesario establecer un programa de repatriación que permita la recepción y transportación de los connacionales en condiciones de pleno respeto a su dignidad y sus derechos humanos.
Externó que el año pasado el flujo de repatriados fue superior a 590 mil connacionales, según cifras del Instituto Nacional de Migración.
"Y las proyecciones para este año pueden ser críticas, porque el Congreso de Estados Unidos ha autorizado una partida de mil millones de dólares para reforzar estas actividades", sostuvo el tamaulipeco.
Los 27 gobernadores que participaron en XXXIX reunión ordinaria de la Conago acordaron solicitar una mayor participación del gobierno federal para afrontar la creciente repatriación de mexicanos.
Al condenar los ataques a connacionales en Estados Unidos, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, dijo que las autoridades migratorias han hecho un uso desmedido de la fuerza pública para someter a quienes deciden vivir de manera ilegal en el vecino país.
"Manifestamos nuestra condena enérgica por el deceso de Anastacio Hernández Rojas ocurrido en San Ysidro, California, el pasado 30 de mayo; y por la muerte del adolescente Sergio Adrián Hernández, ocurrida el pasado 8 de junio, en el lado mexicano, en las inmediaciones del puente Paso del Norte en Ciudad Juárez".
"Es una condena por los actos de violencia y uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza", señaló Reyes Baeza.
Ambos homicidios, agregó, son debido al ejercicio desproporcionado e injustificado de la fuerza pública por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
"Exhortamos al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (...) realice las gestiones necesarias y conducentes a fin de promover el esclarecimiento pronto y expedito de las condiciones bajo las cuales se suscitaron las muertes lamentables de nuestros connacionales", sostuvo.
La Conago apoyó a los mandatarios fronterizos en su rechazo a la Ley 1070 del estado de Arizona y su determinación de no asistir en septiembre a Arizona a la Conferencia.
"Esta ley contiene criterios discriminatorios basados en prejuicios étnicos, raciales y culturales", indica la iniciativa.
Los mandatarios de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas solicitaron solidaridad en su determinación de abstenerse de ir a Arizona e impulsar su realización en una sede alternativa en los estados de California, Nuevo México o Texas.
El gobernador Hernández Flores externó que la Ley 1070 atenta con los derechos más elementales de los mexicanos que viven en Arizona.
1070 al informar que el gobierno mexicano se sumó formalmente bajo la figura de Amicus Curiae “Amigo de ” a la causa denominada “Frendly House, et al. Vs Michael B. Whiting, et al”.
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* Se sumó a la denuncia presentada por organizaciones civiles. 