Primero, ser un migrante indocumentado en México no es un delito grave, ni siquiera un delito menor, sino una falta administrativa. Esto significa que en México, a diferencia de lo que ocurre en Arizona, nadie puede ser encarcelado por violar las leyes migratorias.
Los que violan esas reglas tienen que pagar una multa, y sólo pueden ser deportados si son detenidos por funcionarios de inmigración.
En segundo lugar, la Policía mexicana no puede preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, aun cuando esa persona haya sido detenida por otras razones. La Policía mexicana sólo debe notificar a las autoridades de inmigración cuando los migrantes declaran voluntariamente que, por ejemplo, están ilegalmente en el país en camino hacia Estados Unidos.
En comparación, la ley de Arizona exige que la Policía pida los papeles inmigratorios a las personas que detiene por cualquier otra razón válida, incluidas infracciones de tráfico.
Los defensores de la ley de Arizona afirman que ese estado es mucho más generoso con los indocumentados que México.
"En México, el gobierno no les da vales de alimentos, ni servicios educativos, ni servicios médicos de emergencia a quienes no tienen documentos de migración", dice George W. Grayson, profesor de la Universidad William and Mary.
Los funcionarios mexicanos y muchos activistas de derechos humanos refutan esa afirmación, pero aceptan que los migrantes centroamericanos en México son habitualmente extorsionados por agentes de Policía vinculados con los traficantes de personas.
Un informe del 28 de abril de Amnistía Internacional dice que el maltrato a los inmigrantes centroamericanos en México se ha convertido en "una crisis de los derechos humanos".
Según el informe, los secuestros de inmigrantes para pedir rescate alcanzaron una cifra récord el año pasado, ya que casi diez mil inmigrantes fueron secuestrados durante más de seis meses. Casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que había funcionarios públicos involucrados en sus secuestros.
Además, alrededor del 60 % de mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual, agrega el informe.
"El problema de la ley de Arizona es que promueve el racismo", dice José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo Human Rights Watch.
"En México no hay una legislación semejante, pero hay una situación de hecho en la que los migrantes son víctimas de toda clase de maltratos por parte de las Policías locales vinculadas con las mafias, y que operan con total impunidad".
Arizona acaba de aprobar una ley lamentable que le abre las puertas a la discriminación racial, mientras que México ha aprobado una ley mucho mejor; pero en la práctica no hace gran cosa para erradicar los maltratos policiales a los indocumentados.
Los abusos de México contra los migrantes centroamericanos no deben ser excusa válida para justificar leyes como la de Arizona. Y los abusos de la ley de Arizona tampoco deben ser excusa para que México continúe tolerando los abusos de sus policías contra los indocumentados. Ambas cosas están mal, y deben ser denunciadas.
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* Lo que se hace con los indocumentados centroamericanos.