El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) denunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por desempeñarse con “enorme negligencia”.
Y es que la Cancillería declaró inexistente información sobre el número de mexicanos fallecidos en los centros de detención federales migratorios de Estados Unidos en la última década, así como el nombre, causa y centro donde murieron, procedimiento seguido por las autoridades, y otros datos.
Aparte, el IFAI ordenó a la Presidencia difundir el contrato del call center que mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos promovió el tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón. También deberá revelar la base de datos que usó.
Al debatir el recurso 5825/09 contra la SRE, el comisionado ponente Ángel José Trinidad Zaldivar expuso que ésta tiene una subsecretaría y dos direcciones generales -una recientemente creada- para atender esos asuntos, además de 48 consulados en el vecino país del norte.
“Le corresponde a la Subsecretaría para América del Norte conocer del caso, pues recibe de la ahora Dirección General de Asuntos Consulares recién creada los estudios y glosa de los informes de protección que rinden las representaciones de México en el exterior”.
Paradójicamente, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior declaró la inexistencia, aunque la SRE admitió que las autoridades estadounidenses les informan de la situación de los migrantes detenidos.
“Es insólito que no tengan esos datos, pese a las decenas de denuncias presentadas contra esos centros por la falta de normas de respeto y seguridad”, dijeron.Jacqueline Peschard, titular del IFAI, subrayó: “Ni siquiera hizo la búsqueda de la información en la consultoría jurídica”, y planteó dar vista al OIC de la cancillería, órgano dependiente de la SFP encargado de vigilar el desempeño de las autoridades.
Aun cuando Ángel José Trinidad ordenó a la SRE revelar los nombres de los fallecidos en esos centros, entre 2000 y 2009, ni en esa fecha ni a futuro se conocerán. Con los votos de Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén Zermeño se declaró la confidencialidad de los nombres: “Por la honra de los familiares”, el “derecho al olvido” y por ser datos personales.
Trinidad dijo que en ese caso es debatible mantener en secreto el nombre, el cual “sí es muy relevante conocerlo, por la simple y sencilla razón de que muchos mexicanos son indocumentados. ¿Cómo el familiar sabrá si falleció o no su pariente, si no tiene el nombre? ¿Cómo van a reclamar el cuerpo, y menos levantar una queja?”
La comisionada María Marván Laborde avaló lo dicho por Ángel José Trinidad, y cuestionó: “¿Es una deshonra para nuestra gente ir a buscar trabajo sin papeles? Están llevando el argumento a un extremo; el derecho al olvido es el olvido que enfrentan los migrantes”.
Peschard revirtió que ese no es el fin de la clasificación, sino la “protección del dato personal”. Además, revelarlo no ayuda a la rendición de cuentas en la SRE.
Trinidad lamentó que se trate a los migrantes y sus familias como ciudadanos de “segunda. Si se tratara del familiar de un rico, por supuesto que en diez minutos lo sabrán, y hablarán a las altas autoridades para que investiguen. Pero ser pobre en México es el derecho al olvido.
“No veo cómo los familiares de 30 millones de migrantes se van a apersonar en la cancillería cada mes o cada semana para saber si murió o no su familiar”.
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* Datos inexistentes sobre fallecidos en centros federales de detención.