El Ayuntamiento de Vic, en Cataluña, ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos migrantes irregulares.
El informe del gabinete del prestigioso abogado y exdirigente del partido Convergencia y Unió (CiU) concluye que "la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley".
Basado en el informe, el Ayuntamiento ha registrado una instancia en la subdelegación del gobierno de Barcelona dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Amparándose en distintas normativas, incluso de ámbito europeo, según las cuales los extranjeros no comunitarios tendrán que acompañar el pasaporte de un visado, el consistorio resalta que ha actuada en el "estricto cumplimiento de la legalidad".
De todas formas, y a raíz de las discrepancias de voces "presumiblemente autorizadas" de los últimos días, entiende que no corresponde al Ayuntamiento la interpretación sobre qué pasaportes tienen la consideración de válidos o no para el empadronamiento y requiere al ministerio que le informe por escrito de los requisitos exigibles para empadronar los ciudadanos extranjeros no comunitarios.
El amago del Ayuntamiento de Vic (CiU, ERC y PSC) de negar el padrón a los migrantes en situación irregular -solicitándoles el visado- ha abierto el melón. ¿Es un ejercicio de realismo?, ante la evidencia de que los consistorios deben lidiar con la realidad de que una parte de sus ciudadanos carece de permiso para trabajar y residir, porque así lo dice la Ley de Extranjería.
¿O es xenofobia?, porque vetando el empadronamiento se impide de rebote el acceso a servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación. La frontera es muy delgada.
La existencia de un partido ultra pesa sobre la actuación del resto de partidos
Los sondeos y foros anónimos de Internet pintan un panorama racista
Sube la sensación de que se presta más atención a los migrantes Hace diez años las ciudades luchaban por poder incluir en el padrón a ilegales
Desde el anonimato de los foros de Internet o las encuestas que se votan por mensajes de móvil, la foto resultante en la última semana muestra una sociedad catalana claramente racista, partidaria de restringir los derechos de los inmigrantes y endurecer las políticas públicas con argumentos que refuerzan los estereotipos más negativos: los inmigrantes quitan trabajo, se benefician de la sanidad y la escuela pública sin pagar impuestos, delinquen, no respetan las normas de convivencia.
El aplauso al Ayuntamiento de Vic en estas encuestas alcanza el 80%. Pero los expertos advierten de que este tipo de sondeos, sin una muestra rigurosa, alientan a los más militantes o exaltados. No deben ser tomadas como representativas, tranquilizan.
A leguas de estas interpretaciones, el anuncio del Ayuntamiento de Vic ha sido acogido con comprensión por opinadores, intelectuales y académicos que consideran que ya era hora de que se abriera "el debate sobre las dificultades de los ayuntamientos para gestionar la inmigración que ellos no han declarado ilegal sin recursos ni competencias".
Habla el director del Centro de Investigación de la Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Ramón Robles, que critica duramente el "fariseísmo del gobierno responsable de leyes vergonzosas, como la de Extranjería".
El sociólogo y actual decano de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB, Salvador Cardús, considera que el Ayuntamiento de Vic actúa con el objetivo "de querer dar respuestas, no lo veo racista, se trata de querer saber qué pasa, por ejemplo con el paro, para gestionarlo mejor".
Además, opina, como otras de las voces consultadas, que es necesario leer la política del Consistorio "en clave local: con una cuarta parte de la población inmigrada, una crisis que ha aumentado el paro en el sector cárnico y la presencia de cuatro concejales de la ultra Plataforma per Catalunya en el Ayuntamiento".
Todos los consultados destacan como una de las claves de la cuestión la presencia de una formación xenófoba. Pero se lee con distinto criterio cuál es su efecto sobre los partidos democráticos.
El propio Cardús opina: "no pueden ignorar a los ultra, porque esto les hace crecer". "Si los partidos democráticos no hablan de lo que preocupa a la gente, lo hará el partido ultra, ha pensado el equipo de gobierno. 'Debo dirigirme al porcentaje de población que se siente desatendida para evitar que reoriente su voto", interpreta. "Pero se les ha ido de las manos, ante la amenaza de ilegalidad de la medida que plantea", concluye el sociólogo.
La vicepresidenta de la Mesa per la Diversitat en l'Audiovisual, Mònica Nadal, también socióloga, discrepa. A su juicio, "los partidos deben vigilar mucho porque adoptar el discurso de la derecha degrada la democracia, es muy peligroso".
En este sentido, critica la "deriva preocupante de la Generalitat", por no condenar abiertamente la intención del Ayuntamiento. Nadal considera que la chispa en este caso es la crisis económica.
"Si hay crecimiento económico no pasa nada, pero en momentos de crisis cristalizan los discursos más fáciles ante los problemas más difíciles, como es la inmigración, un fenómeno que ha existido siempre y que no se resuelve con políticas controladoras o restrictivas ni en clave electoral, porque depende de dinámicas globales".
La socióloga observa: "está creciendo la tolerancia ante el abuso o la vulneración de derechos y el discurso contra la inmigración".El estudio La opinión de los catalanes sobre la inmigración que está a punto de presentar la Fundación Jaume Bofill confirma la sospecha de Nadal.
El informe revela que, si bien hay un claro apoyo "al reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y a facilitarles el derecho a los servicios públicos", existe también "una mayoría de catalanes que considera que hay una inmigración excesiva y que es partidaria de poner límites estrictos a la entrada de extranjeros".
El director de la fundación, Jordi Sánchez, destaca, además: "crece la sensación de que se presta mucha atención a los migrantes en relación con otros colectivos, como los mayores y los jóvenes, y la idea de que los migrantes reciben más ayudas que otras personas en la misma situación económica". Sánchez apunta, además, que estas percepciones de trato favorable son superiores en Cataluña que en el resto de España.
El director de la fundación interpreta la polémica de Vic en clave de crisis económica y electoralismo. "Pero de forma muy peligrosa, porque adoptar postulados de la Plataforma per Catalunya con la excusa de que si no lo hacen ellos lo harán los ultra es subirles el listón".
Más radical con los partidos democráticos se muestra el geógrafo urbanista Jordi Borja. Les tacha de "cobardes". "Existe una base xenófoba que en ciertos momentos explota y muestra su comportamiento racista y los políticos tienen la responsabilidad de legitimar o deslegitimar esta base latente para el fascismo", razona.
En el caso de Vic, considera que el Ayuntamiento actúa de forma "irresponsable", critica "la actitud tibia de los partidos que forman parte del tripartito municipal" y zanja: "la Generalitat debería suspender a este Ayuntamiento".
Justo en defensa de los ayuntamientos han salido otras voces, como la de los escritores y periodistas Vicenç Villatoro y Xavier Bru de Sala. Ambos consideran que algo deben hacer.
"El de Vic es un buen toque de atención municipalista. Hay que escuchar a los alcaldes, que se encuentran desprotegidos cuando deben aplicar una legislación ajena sin recursos", dice Villatoro, que opina que la ilegalidad "de la medida que plantea Vic no es obvia". "Hay zonas de ambigüedad", concluye.
Bru de Sala, por su parte, considera que el debate estaba pendiente: "El problema de la inmigración está en la proporción, si es o no gestionable por los ayuntamientos". Y lee la polémica como "la iniciativa de un Ayuntamiento que se ve en peligro de quedar en manos de la derecha".
Con la premisa de destacar que en una cuestión como la gestión de la inmigración "hay que perder el miedo al debate" y la advertencia de que dice "cosas que muchos piensan pero pocos se atreven a decir", la articulista Pilar Rahola considera: "la única manera de defender el Estado del bienestar es desde la convicción de que:
1) todos no caben; 2) no hay dinero para todos, y 3) hay que frenar la confrontación entre inmigración y pobreza". En su opinión, no se puede "sobrecargar a los ayuntamientos de migración ilegal y luego dejarlos solos". Vic, considera, es una metáfora y la actuación de su Ayuntamiento es "una rebelión contra una ley que no sirve".
No es ni político, ni académico, ni intelectual, ni escribe en diarios ni opina en tertulias, pero un veterano mediador en barrios con una elevada presencia de inmigrantes que prefiere mantener el anonimato alerta:
"Lo grave del caso es que Vic se equivoca tanto en el aspecto técnico como en el político. En el técnico porque no arreglará nada. Con la solución que proponen no arreglan el problema que denuncian y tendrán que seguir dando educación y sanidad. Y en el político, basta ver la que se ha liado para ver…", dice.
Y farfulla sin darle importancia: "La paradoja es que hace diez años los ayuntamientos pidieron masivamente justo lo contrario que ahora: que se les dejara empadronar a los sin papeles, porque tenían los servicios públicos colapsados...".
Salvador Cardús
- Sociólogo y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB. "Querer dar respuestas no lo veo racista; se trata de querer saber qué pasa, por ejemplo, con el paro para gestionarlo mejor".
Jordi Borja
- Geógrafo urbanista. "Existe una base xenófoba que, en ciertos momentos, explota y muestra su comportamiento racista y los políticos tienen la responsabilidad de legitimar o deslegitimar esta base latente para el fascismo".
Pilar Rahola
- Articulista. "Hay que perder miedo al debate. La única forma de defender el Estado de bienestar es desde la convicción de que no caben todos, no hay dinero para todos y hay que frenar la confrontación entre inmigración y pobreza".
Mònica Nadal
- Vicepresidenta de la Mesa por la Diversidad Audiovisual. "Adoptar el discurso de la derecha degrada la democracia, es muy peligroso. La deriva de la Generalitat [de no condenar al Ayuntamiento] es preocupante".
Vicenç Villatoro
- Escritor y periodista.
"Hay que escuchar a los alcaldes, que se encuentran desprotegidos cuando deben aplicar una legislación ajena sin recursos. La ilegalidad de la medida que plantea Vic no es obvia, hay ambigüedad".
Jordi Sánchez
- Director de la Fundación Jaume Bofill. "Crece la sensación de que se presta mucha atención a los inmigrantes en relación con otros colectivos y la idea de que reciben más ayudas que otras personas en la misma situación económica".
Secciones 
* Los problemas de los migrantes en el ayuntamiento de Vic.