Para el gobierno de México el reto es brindar educación no sólo a los niños indígenas migrantes jornaleros que trabajan entre los surcos y matorrales de los campos agrícolas de México, en los que se recolecta jitomate, café, uva, caña, tabaco y naranja, sino ahora a esta nueva movilidad infantil en el interior del país.
La migración agrícola para 2009 es de 700 mil niños de entre tres y 14 años que se trasladan junto con sus padres a los campos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) sólo les brinda atención a cinco de cada cien de ellos.
Durante los trabajos para definir una “estrategia de fortalecimiento de la gestión de calidad en la educación indígena”, se identificó un nuevo fenómeno de migración en lugares no “tradicionales”, sino de flujo hacia zonas turísticas, de manufactura y la que hace que pequeñas comunidades se vuelvan cada vez más dispersas.
Sin proporcionar nombres de localidades, la SEP refiere que se buscará avanzar en la atención de la población migrante en las zonas y entidades en donde no se cuenta con escuelas indígenas.
Como parte de esa estrategia para identificar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas se incluye el grupo de trabajo de la Reforma Integral de la Educación Básica.
Hasta ahora la atención educativa, por parte de la SEP, hacia los niños que se movilizan de un estado a otro se había centrado sólo en los jornaleros migrantes.
En 2009, 35 mil niños jornaleros tienen como única opción para aprender a leer, escribir, sumar y restar los lugares que se abren en campamentos, jacales, galeras, autobuses acondicionados o escuelas en 23 estados.
Las opciones de éxito educativo ahí son escasas. Sólo menos de la mitad, reporta la SEP, logran concluir el año escolar por los cambios de residencia a los que se enfrentan y que está sujeta a los ciclos agrícolas.
Bajo las Reglas de Operación de Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras, la SEP destinó más de 71 millones 877 mil pesos para ofrecer servicios de educación primaria en casi 300 escuelas o campamentos.
A pesar de los altos índices de migración se destinaron recursos para Guanajuato y Zacatecas, por ser las principales entidades expulsoras.