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Antes del arribo de Donald Trump y su corte de millonarios al gobierno de Estados Unidos, por primera vez en cuatro décadas, la marea migratoria tuvo un notorio descenso que podría comenzar a mostrar una nueva tendencia, según un estudio hecho por el Pew Hispanic Center (PHC), integrado por un notable grupo de científicos sociales de Washington que estudia los movimientos migratorios.





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Italia quiere que los hospitales delaten a los indocumentados
Enviado el Wednesday, 11 February a las 15:06:56
Tópico: Europa / Asia / África
* “Somos médicos, no espías”, afirma Médicos sin Fronteras.
* Aumenta el riesgo de denuncia durante el tratamiento médico.
* La norma o Paquete de Seguridad creará problemas de salud.
* La Unión Europea también aplicará medidas represivas.
* Ya advirtió de encarcelamientos a quienes contraten indocumentados.

Redacción / Carta Mesoamericana
Roma, Italia


Los médicos, enfermeras y organizaciones civiles no gubernamentales están en pie de guerra contra el gobierno derechista de Silvio Berluconi y su ministro del Interior, Roberto Maroni, pues no desean que el Parlamento apruebe una enmienda que obligaría a los profesionales de los hospitales a denunciar a los migrantes sin papeles que acudan a los servicios de urgencia.

"Esta orden va a crear miedo y hostilidad", advirtió Kostas Moschochoritis, director general de Médicos Sin Fronteras de Italia que, ante la sede del Parlamento, protestó contra la enmienda, incluida en el llamado Paquete de Seguridad.

Médicos Sin Fronteras (MSF) cree que la norma reducirá al mínimo la atención sanitaria a los sin papeles y creará serios problemas de salud pública".

La enmienda que pretende aprobar la mayoría parlamentaria del Pueblo de la Libertad modificará el apartado 5 del artículo 35 del actual Texto Único sobre Migración, aprobado en 1998, que estipulaba que el acceso de los extranjeros sin permiso de residencia a las estructuras sanitarias "no podía" comportar "ningún tipo de indicación a la autoridad por parte de médicos y sanitarios".

La idea era garantizar a los migrantes el acceso a la sanidad "en paridad de condiciones con el ciudadano italiano".

La desaparición de esa caución, añadida en comisión parlamentaria al borrador del Decreto Ley que contiene el llamado Paquete de Seguridad preparado por Maroni, aumentará según los médicos "el riesgo de denuncia o comunicación durante la prestación sanitaria".

La primera consecuencia, advierten, es que "el migrante sin papeles que necesite atención médica sentirá miedo y desconfianza, y eso obstaculizará su acceso a la sanidad".

Diversas asociaciones médicas humanitarias y un centenar de entidades sociales se han adherido a un manifiesto de MSF, que gestiona 35 ambulatorios para extranjeros y desde 2003 ha atendido a 18.000 pacientes en Italia. Según esta ONG, la medida contribuirá a la "peligrosa marginación de una parte de la población extranjera", y aumentará "los factores de riesgo para la salud colectiva".

La Comunidad de San Egidio y otras organizaciones católicas que se ocupan de migrantes han mostrado su indignación por la norma, que en teoría cuenta con mayoría suficiente para salir adelante.

Marco Impagliazzo, presidente de esa comunidad, cree que "es discriminatoria y probablemente inconstitucional". "El derecho a la sanidad en Italia siempre ha sido universal", recuerda, "pero la nueva filosofía del gobierno consiste en reprimir derechos y dificultar la integración".

De aprobarse, la norma fomentará las situaciones de explotación y multiplicará la aparición de sistemas paralelos de salud, como ya se ha visto en casos de migrantes chinos.

Maroni, dirigente de la Liga del Norte, trata así de reducir la presencia de sin papeles en Italia. Las organizaciones de migrantes calculan que en Italia hay ya cuatro millones de extranjeros, y, de ellos, entre 350.000 y 500.000 están sin papeles.

Según las estimaciones de la ONU y la Comisión Europea, Italia necesita al menos 300.000 ingresos anuales de migrantes para mantener su nivel de renta y de demografía.

En Bruselas, sede de la UE, se informó que la crisis económica y el aumento del desempleo han dado el último empujón para endurecer las penas contra los empresarios que contraten a migrantes sin documentos.

El Parlamento Europeo aprobará una directiva que obligará a los Estados a fijar sanciones penales a los empleadores que den trabajo a migrantes sin papeles en determinadas circunstancias de explotación y abuso.

Los empresarios serán excluidos de las ayudas públicas y subsidios, incluidas las subvenciones de la Unión, durante el plazo de cinco años, según la propuesta.

La decisión del Parlamento será definitiva porque cuenta con el respaldo del Consejo, que aprobó el 23 de diciembre un texto legal con los aspectos esenciales de la directiva.

El cambio de posición de Alemania y Polonia fue determinante para su aprobación, y será competencia de los Estados determinar los supuestos en que se incurrirá en penas de prisión. La directiva entrará en vigor en el plazo de dos años.

El Parlamento Europeo estima que cada año entran en la UE entre 893.000 y 923.000 migrantes de manera ilegal, según datos relativos a 21 de los 27 Estados miembros, y según la Comisión, unos ocho millones de trabajadores sin papeles se encuentran en situación irregular en Europa, principalmente en los sectores de la construcción, agricultura, hostelería y servicios.

Claudio Fava, eurodiputado socialista, ponente de la directiva, manifestó que "el texto es una forma de proteger a los que tienen que trabajar ilegalmente bajo las bandas criminales".

Para el comisario de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, éste es un paso significativo para combatir la migración ilegal, al poner en el punto de mira a los empleadores, mientras se trata de proteger a los migrantes que a menudo son sus víctimas.

El eurodiputado socialista, Javier Moreno, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, resumió el sentido en que "es una directiva que ataca a los fuertes y defiende a los débiles".

Business Europe manifestó que apoya los objetivos de la directiva en la medida en que la contratación de indocumentados puede crear una competencia desleal; pero la patronal europea expresó su preocupación por el traspaso de la responsabilidad de control de los contratos de las autoridades públicas a las empresas.

Las sanciones penales se aplicarán en los supuestos de que las infracciones sean persistentes. También cuando afecten a menores, estén relacionados con tráfico de seres humanos o estén vinculados de determinadas condiciones de explotación.

El diputado catalán de CiU, Ignasi Guardans, estimó que las sanciones eran adecuadas y proporcionadas, y con esta directiva, la UE completa su marco legal en migración. En junio de 2008 aprobó la directiva de retorno que permite encarcelar hasta 18 meses a los inmigrantes indocumentados, la carta azul, que promueve la contratación de trabajadores cualificados y la norma que establece los derechos básicos de los migrantes.

 
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