Saltillo, Coahuila.- A raíz del asesinato de un grupo de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, los centroamericanos han cambiado las rutas en el norte del país para pasar a Estados Unidos.
Han dejado de trasportarse en tren y ahora viajan en autobús desde la capital del país rumbo a Reynosa, dio a conocer el Instituto Nacional de Migración (INM).
El paso de migrantes no ha disminuido en ese estado sino que ha cambiado de rutas, pues las cantidades son las mismas, al menos en la Región Noreste, y lo que ahora ha variado es cómo hacen el recorrido, evitando los lugares y transportes que les son altamente peligrosos.
La situación cambió a raíz del asesinato de los 72 migrantes el 23 de agosto último, y aunque ya antes se habían reportado hechos violentos contra indocumentados en esos puntos sin que el INM reaccionara, estos continuaban usando esa ruta; sin embargo, ahora toman más precauciones.
Una de las rutas era viajar hasta Lechería, Estado de México, y de ahí por Veracruz hasta Tamaulipas, llegar a Laredo y cruzar a Estados Unidos, la mayoría de las veces por autobús, mientras otra era por tren desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí, llegar a Saltillo, trasbordar con rumbo a Monclova y llegar hasta Piedras Negras.
Evitan el tren, y también las rutas hasta la frontera por donde, ante la omisión del INM que ha evidenciado tener fuera de control la situación desde años atrás, los han violentado, secuestrado, extorsionado o asesinado en su viaje transmigratorio desde el sur, sin que su titular, Cecilia Guadalupe Romero Castillo -protegida desde la casa presidencial de Los Pinos- insinúe en lo más mínimo la posibilidad de su renuncia ante las reacciones internacionales por la masacre de San Fernando, creando una serio problema de confianza y credibilidad al gobierno mexicano, que no para en discursos y evadiendo sin recato la realidad vergonzosa que tiene enfrente. (Foto: Agencias)
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La ciudad de Phoenix, que ya ha sufrido la cancelación de convenciones debido a la nueva ley de inmigración de Arizona, podría perder en cinco años hasta 90 millones de dólares en el sector hotelero y de organización de eventos debido a la controversia que rodea a la normativa, reportó The Arizona Republic.